Seguridad pública: un derecho humano fundamental.
¿Cómo tener una vida plena con temor a ser rapiñado, asaltado o copado? ¿O a ser castigado por raza, nacionalidad, situación social o género?
El país vivió el terrorismo de estado y sabemos lo que significa vivir con miedo y no tener autoridades a quién recurrir. Hasta hoy sufrimos sus consecuencias con la impunidad sobre las desapariciones y más.
La inseguridad pública viene de la incapacidad del estado y la sociedad de generar condiciones de vida y convivencia que minimicen la violencia, y reprimirla como y cuando se debe. Debemos tener un enfoque holístico que permita entender la multicausalidad de este fenómeno nuevo por su calidad y cantidad, superando una visión añeja de la izquierda que fue superada por la vida.
El crimen organizado globalmente con las redes de narcotráfico, trata de personas y contrabando, el surgimiento de una cultura lumpen de vivir fácil y rápido, sin límites morales y en pos de un hiperconsumismo alienante, junto al decaecimiento de valores fundamentales como la familia –cualquiera sea su integración–, la amistad, el respeto al prójimo, el valor del trabajo digno y la educación, son aspectos que rápidamente han minado la vida social.
Sin caer en un proceso de “securitización” que someta las libertades y las garantías democráticas como promueve la respuesta reaccionaria, hay que tomar más medidas urgentes junto a políticas de mediano y largo plazo.
Entre otras, profundizar el fortalecimiento del instituto policial calificando aún más la formación del personal, aumentando su número drásticamente, mejorando sus condiciones de trabajo y salario, fortaleciendo el equipamiento y la infraestructura tecnológica, desplegando un trabajo mayor de inteligencia y prevención del delito y sin titubear a la hora de reprimirlo dentro de las leyes vigentes. Lograr la armonización plena entre los factores estatales responsables: Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía y cárceles, a la vez que se despliega una política pública armónica y multifacética para erradicar las condiciones de vida que facilitan el desarrollo del crimen en enclaves territoriales.
